INVESTIGACIÓN

Pedirán prórroga de la detención para ingeniero acusado de estafa

El imputado está sindicado en la causa de confeccionar los planos apócrifos. La audiencia fue suspendida ayer y podría realizarse hoy.

El Ministerio Público Fiscal solicitará la prórroga de la detención para el ingeniero detenido por la causa que se investiga tras la millonaria estafa con tierras a varios vecinos de la ciudad de La Banda y Fernández.

Según indicaron fuentes confiables, la fiscalía a cargo de la causa -representada por la Dra. Alicia Inés Presti de Munar- pedirá que la Justicia ordene la continuidad de la detención del profesional, apresado dos semanas atrás.

A raíz de las averiguaciones, la fiscalía sospecha que los planos utilizados para cometer las estafas, que ascenderían a una cifra millonaria, eran confeccionados por el profesional, quien se encuentra acusado de amenazas calificadas, estafa procesal y falsedad ideológica.

La fiscalía sostiene en sus acusaciones que el nuevo imputado en la causa -que además tiene más de 6 detenidosproveía de los planos a Ricardo Barea, el principal imputado, para que éste luego vendiera tierras que no eran de su propiedad.

Cabe recordar que la investigación comenzó en el mes de mayo cuando al menos tres personas se presentaron ante la Fiscalía de La Banda y denunciaron que un falso gestor les había vendido terrenos que nunca les entregó.

A raíz de las averiguaciones y de los papeles que obtenían las víctimas como parte de la documentación que recibían de manos del supuesto estafador, las pesquisas iniciaron la investigación que derivó en la inmediata detención de Barea. Además de la detención del ingeniero, la fiscalía ordenó que se ponga tras las rejas a dos de sus empleados, quienes trabajaban como cuidadores en un campo en la localidad de Maco, donde habrían amenazado de muerte con arma de fuego a una de las víctimas.

También están detenidos por la estafa, Claudia Elizabeth Leguizamón y su hijo Mario Enrique Cisterna, quienes fueron apresados en el Bº 2 de Abril de la ciudad de Fernández.

Madre e hijo están acusados de comercializar campos, los cuales nunca podían entregar a los damnificados ya que no contaban con la posesión de los mismos. Les daban a sus víctimas papeles truchos como parte del "convenio" que realizaban.

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