España: justifican la intervención por "desobediencia rebelde y sistemática"
Así consta en la exposición de motivos de las medidas excepcionales que adoptará hoy el Ejecutivo español para Cataluña.
El gobierno español del presidente Mariano Rajoy justifica la intervención en Cataluña ante la el incumplimiento "deliberado" de las máximas autoridades regionales de sus obligaciones constituciones, a través de un proceso de secesión con "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" que "atenta gravemente" contra el interés general de España.
Así consta en la exposición de motivos de las medidas excepcionales que adoptará hoy el Ejecutivo español para Cataluña, con el objetivo de abortar la grave amenaza de secesión al amparo del artículo 155 de la Constitución española, nunca antes puesto en marcha en 40 años de democracia.
En el texto que adelantó la prensa española, se señala que el artículo 155 configura un doble presupuesto de hecho posible para su aplicación: el que la Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y que actuase de forma que atente gravemente contra el interés general de España.
"Ambos concurren en el presente caso", subraya el gobierno español, al tiempo que remarca las medidas propuestas en este procedimiento se planten "de forma garantista" persiguiendo cuatro grandes objetivos: restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico, y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes.
El gobierno español subraya como presupuesto habilitante para la aplicación del artículo 155 "el incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por sus máximas instituciones gubernamentales y parlamentarias, de sus obligaciones constitucionales".
Esto se produce según el Ejecutivo, "a través de la puesta en marcha de un proceso de secesión de dicha Comunidad Autónoma del Estado español, con desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional, afectando de manera grave al interés general de España".
El gobierno español señala además que se constató que "no ha sido atendido el requerimiento formulado" el pasado 11 de octubre, "reiterando el incumplimiento frontal de las obligaciones constitucionales y estatutarias por la Comunidad Autónoma de Cataluña, con grave riesgo al interés general".
Al respecto, se recuerda que el presidente catalán, por el contrario, reiteró la declaración efectuada en su comparecencia el 10 de octubre de 2017 en el Parlamento de Cataluña, afirmando que 'el pueblo de Cataluña, el día 1 de octubre, decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de los electores'".
Asimismo, el Ejecutivo señala que "no puede desconocerse" que el mismo día "se produjo una declaración extra-parlamentaria de independencia de Cataluña suscrita por los mismos parlamentarios que sustentan la mayoría que nombró al Presidente requerido", Carles Puigdemont, el cual también suscribió dicha declaración, erigiéndose todos ellos en los legítimos representantes del pueblo de Cataluña'".
Por otra parte, en el documento se remarca que "las pretensiones secesionistas están motivando ya un serio deterioro del bienestar social y económico en Cataluña", habiéndose provocado "una progresiva fractura y se han puesto en riesgo las condiciones para el crecimiento económico". También se menciona que "cientos de empresas han trasladado sus domicilios sociales fuera de Cataluña".
"Se constata, así, que los gobernantes de Cataluña no han respetado ni la legalidad sobre la que se asistenta nuestra democracia, ni el interés general al que nuestras leyes responden", asegura el Ejecutivo, que afirma que esta es "una situación improrrogable" y que "es preciso atajar mediante la activación de las facultades que el artículo 155 de la Constitución otorga al Gobierno de la Nación, en cuanto precepto que persigue y preserva –precisamente- estos fines".