El Colegio de Escribanos tendría que pagar $20 millones al Estado
La institución notarial no sólo tendrá que afrontar el pago del dinero faltante, sino también de intereses y duras multas.
Si la situación del Colegio de Escribanos era crítica tras la denuncia por la supuesta defraudación que investiga la Justicia y que hoy alcanza los $5 millones, se conoció que la institución está cada vez más comprometida y tendría que desembolsar alrededor de $20 millones al Estado Provincial.
Desde la Dirección de Rentas de la provincia ya se habría abierto un sumario administrativo por defraudación fiscal en contra del Colegio Notarial. Ello, a partir de la misma maniobra que derivó en el proceso penal que investiga la Justicia.
La oficina receptora de la sede del Colegio de Escribanos no rindió como correspondía los fondos recaudados en el período de octubre del 2016 y febrero de este año. La primera auditoría arrojó como resultado un faltante de $3.900.000 y semanas después se determinó que alcanzaba los $5 millones.
Las fuentes deslizaron que esa cifra se multiplicará al menos cuatro veces cuando se conozcan los resultados del sumario que la misma Dirección de Rentas abrió contra la institución notarial.
El porqué de la abultada suma se explicaría a partir de que durante el periodo investigado se depositó la recaudación con mora, hay meses que no rindieron, por lo que además del faltante de $5 millones, se deben sumar los intereses de la deuda y duras multas por la maniobra, lo que elevaría la cifra a unos $20 millones, deslizaron altas fuentes judiciales.
Proceso
Mientras se aguarda por la resolución de la jueza de Control, María Pía Danielsen, sobre el pedido de prisión preventiva para el escribano Juan José Bau, fuentes ligadas a la investigación señalaron que el Colegio Notarial apeló la denegatoria a que la institución pueda constituirse como parte querellante en la causa.
En primera instancia, la decisión de la Dra. Danielsen se conocería la próxima semana pese a la feria judicial.
Por otra parte, los representantes legales del Colegio de Escribanos no compartieron el criterio de la jueza de Control, Sara Harón, al denegarles su pedido para ser querellantes en el proceso, por lo que ya presentaron un recurso de apelación y ahora se deberá fijar una audiencia en la Cámara para que se dirima el planteo.
La postura de los abogados de la institución notarial es clara. Con un empleado y un expresidente del Colegio detenidos e imputados, consideran que la institución es la principal interesada en que la investigación judicial llegue a determinar a los responsables de la presunta maniobra fraudulenta, ya que será la única forma de poder recuperar el dinero faltante hasta hoy en las arcas propias y de la Provincia.
Por su parte, la fiscal en lo penal y Fiscalía de Estado se oponen a dicho planteo, ya que consideran que el Colegio Notarial es investigado en el proceso.