Notificarán hoy a tres ex jueces, a Antuz y a Pericás de sus procesamientos
Los defensores ya adelantaron que apelarán y sobrevendrá una nueva batalla en un tribunal superior. Uno a uno, el porqué del fallo.
El juez Darío Alarcón procesó a tres ex jueces del Crimen; también al empresario Luis Manuel Pericás y a un ex empleado judicial, atribuyéndoles diversos ilícitos en el denominado "afer cautelares", a través del cual se habrían materializado millonarios embargos de los aportes coparticipables de Tucumán.
El escándalo estalló en junio del 2016. El Estado tucumano interpuso una denuncia y sacó a la luz múltiples operatorias, dentro de un abanico de reclamos empresariales de Pericás.
Tres ex jueces habrían refrendado medidas cautelares a favor de Pericás, aún careciendo de competencia y jurisdicción.
El fallo
Ahora, Alarcón emitió una resolución. El fallo recayó en contra de Pericás, a quien el magistrado procesó por "defraudación calificada", ya que habría sido el mentor de diversas medidas cautelares.
También fueron procesados, Lucrecia Martínez Llanos, ex jueza del Crimen de 1ª Nominación; Ramón Tarchini Saavedra, de 2ª Nominación y Miguel Moreno, de 4ª Nominación.
Al trío de ex magistrados, Alarcón procesó por "defraudación calificada en concurso ideal e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
La resolución incluyó al ex empleado judicial Eduardo Antuz, a quien el juez endilgó supuesta "defraudación calificada en grado de partícipe primario", trascendió.
De acuerdo con la investigación, Antuz habría terciado de intermediario y hasta adquirió una 4 x 4, al parecer merced a sugestivos favores económicos del propio Pericás.
Notificaciones
Notificado ya Pericás, ayer Alarcón giró las cédulas de ley a los abogados defensores, José Antonio Azar, por Moreno; Moisés Azar Cejas y Miguel Torres, por Martínez Llanos; Emiliano Aguirre, por Tarchini Saavedra y Francisco Cavallotti y Eduardo Font, por Antuz.
Hoy espera a los cincos procesados (desde las 10 de la mañana) para notificarlos personalmente, afirmó un vocero judicial.