Macri firmó un decreto clave que permitirá expulsar a delincuentes extranjeros
“Aquel que cometió un delito en su país, no entra en la Argentina. Y aquel que comete un delito estando en la Argentina será expulsado de manera rápida”, dijo la ministra de Seguridad.
El presidente Mauricio Macri se reunió este jueves en la residencia de Olivos con el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y luego participó en un encuentro de coordinación de Gobierno.
Los funcionarios llegaron unos minutos antes del mediodía. A la casa del Presidente arribaron los dirigentes de la primera línea del Gobierno: estuvieron allí el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la canciller Susana Malcorra y el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana.
El motivo del encuentro era importante: resolver el endurecimiento de los controles migratorios antes de la partida de Macri a la costa bonaerense.
El presidente viajó al complejo de Chapadmalal, ubicado unos 20 kilómetros al sur de Mar del Plata, acompañado por su esposa, la primera dama Juliana Awada, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis. En la playa, con jóvenes del Barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires que participan de un programa social dirigido a chicos y adolescentes.
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Antes de viajar, Macri dejó firmado un documento clave: el decreto que endurece y refuerza los controles en las fronteras de la Argentina. Ahora, solo falta la publicación oficial para que se modifique definitivamente la Ley de Migraciones.
El texto del decreto que endurecerá los controles migratorios ya está terminado y solo faltaba la firma del presidente, Mauricio Macri. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que la iniciativa tiene tres ejes: "Aquel que cometió un delito en su país, no entra en la Argentina; aquel que comete un delito estando en la Argentina será expulsado de manera rápida (en un plazo de tres meses); y aquel que ya cometió un delito hay que esperar a la mitad de la condena, pero inmediatamente se le va a sacar su residencia".
Recientemente, en diálogo con Infobae, el director de Migraciones, Horacio García, sostuvo que a partir de la publicación del decreto "se acabaron las excusas: hay obligaciones para los tribunales de informar las condenas y para nosotros, para actuar".
"Hay una reducción de los plazos admnistrativos para evitar la mala experiencia de Marco Antonio Estrada González (el ciudadano peruano que manejaba el negocio de la droga en la villa 1-11-14 y vivía en un barrio cerrado en Ezeiza): cuando se le compute un delito a un extranjero en el país, automáticamente se le revocará la residencia", dijo García.
Este jueves, el Gobierno dio otro paso en su plan de incrementar los controles migratorios al crear la Comisión Nacional de Fronteras, que tiene como objetivo -según explicaron desde el Ejecutivo- "establecer una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y otros delitos transnacionales".
La nueva medida se suma a la puesta en marcha del sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API) en aviones y cruceros, que busca restringir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales y acelerar la salida de aquellos que sean condenados por delinquir.
La Comisión Nacional de Fronteras funcionará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, "a fin de armonizar su funcionamiento desde una perspectiva interministerial que aumente la integración fronteriza, facilite el tránsito de personas, agilice el comercio internacional y prevenga el delito transnacional", según establece el Decreto 68/2017 publicado en el Boletín Oficial.