La defensa de Pericás contragolpea y pide que el caso pase al Juzgado Federal
El empresario Luis Manuel Pericás requiere que la causa denominada "afer cautelares" que lo tiene en el ojo de la tormenta, pase de la Justicia ordinaria a la Justicia Federal.
A través de su abogado defensor, Dr. Juan José Saín, se hará un planteo dirigido al juez federal Guillermo Molinari, para solicitar la inhibitoria de competencia.
Según precisaron las fuentes, el requerimiento del abogado en representación de Pericás apunta a que el proceso pase de manos del juez Darío Alarcón, titular del juzgado del Crimen de Tercera Nominación de la Justicia provincial, a órbita del juez Molinari.
El planteo sería materializado hoy a primera hora. El juez federal tendría un plazo para pronunciarse y determinar si hace lugar o no a lo solicitado por el empresario y su defensa.
Fuentes ligadas a la defensa de Pericás señalaron que el escrito del Dr. Saín esgrime entre sus argumentos que el supuesto delito que se investiga se consuma en el Banco Nación, donde supuestamente se efectúa un cobro por un oficio librado por la ex jueza Lucrecia Martínez Llanos el 28 de enero del corriente año.
Al mismo tiempo, el abogado del empresario remarcaría en su planteo que el Estado de Tucumán no es la parte damnificada, ya que indicaría que el Gobierno de la vecina provincia no hizo ninguna erogación, sino que se cobraron montos ordenados por jueces desde cuentas del Estado nacional.
El Dr. Saín también haría referencia en su planteo que Fiscalía de Estado de Tucumán conocía desde el mes de marzo las supuestas irregularidades, cuando presentó una apelación al oficio librado por Martínez llanos antes mencionado.
Dicha apelación fue presentada en el juzgado del ex juez Moreno, y según habría expresado el letrado, los representantes tucumanos habrían indicado que no había delito.
Cabe recordar que Pericás está imputado por el supuesto delito de "defraudación calificada" junto con los tres ex jueces del Crimen, Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Moreno, acusados también por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, por el supuesto cobro indebido de más de 8 millones de pesos de fondos coparticipables de Tucumán a través de medidas cautelares libradas por los ex magistrados.
Además, la situación del empresario podría agravarse después de que el Dr. José Luis Buxeda, apoderado de la Procuraduría del Tesoro de la Nación, quien solicitó que se voltee otras dos cautelares –también libradas por Martínez Llanos y Tarchini Saavedra- a favor de Pericás que lo "blindaban" para que su radio LV7 y otras veinte FM no pagaran los gravámenes correspondientes ante los organismos nacionales ni puedan ser sometidas a controles.