Otro escándalo envuelve a Pericás y los ex jueces Martínez Llanos y Tarchini Saavedra
Los ex magistrados habían dictado otras dos cautelares que "blindaron" a más de 20 radios de Tucumán impidiendo -entre otras cosas- que le cobrasen impuestos correspondientes.
"Un escándalo jurídico nacional", así definieron altas fuentes vinculadas al caso, una nueva presentación que se realizó en contra del empresario Luis Manuel Pericás y los ex jueces Lucrecia Martínez Llanos y Ramón Tarchini Saavedra.
Es que además del desfalco al Estado de Tucumán, el trío está acusado de haber incurrido en una maniobra similar para provocar un perjuicio que podría llegar a más de 20 millones de pesos a la Nación y que sumaría más de 30 millones a la Afip.
De acuerdo con fuentes ligadas al complejo proceso, el Dr. José Luis Buxeda, en su carácter de apoderado de la Procuración del Tesoro de la Nación, en representación del Poder Ejecutivo Nacional, de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Secretaría de Comunicación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, y del Enacom (ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), presentó un escrito ayer ante el Juzgado del Crimen de Tercera Nominación con un pedido específico y que sería primordial para la administración nacional: "dejar sin efecto" las medidas cautelares que libraron Ramón Tarchini Saavedra y Lucrecia Martínez Llanos -cuando aún eran jueces- en los años 2014 y 2015.
Según explicaron las fuentes, los ex magistrados del Crimen, hicieron lugar a demandas presentadas por Luis Manuel Pericás como dueño de LV7 radio de Tucumán y otras veinte FM de la vecina provincia.
Los ex jueces que hoy continúan detenidos en el marco de otro proceso en el que también favorecieron al empresario embargando fondos coparticipables del Estado tucumano y ordenando el cobro de parte de ellos, "blindaron" al propietario hoy detenido para que no se le aplique la ley en diversos aspectos incluso el económico.
De esa forma, se impide aún que en su momento la Afsca y hoy el Enacom pudieran cumplir con su misión en estas emisoras. La defraudación al Estado Nacional superaría los 20 millones de pesos y a la Afip por otros 30.
La Nación se había mostrado prudente hasta el momento, pero con la presentación realizada ayer por el Dr. Buxeda activó todos los mecanismos para frenar el gravísimo hecho que tiene como protagonistas a los dos ex jueces del Crimen antes nombrados.
Durante este tiempo la Nación apeló en reiteradas oportunidades las cautelares, pero fueron rechazadas sin argumentos válidos. Luego los ex magistrados se declararon incompetentes, pero habrían librado oficios tras haber declinado competencias. Lo más grave, es que los expedientes de ambas causas habrían desaparecido de los juzgados locales.