Conforman el jurado que analizará desempeño de un camarista penal

El jurado de enjuiciamiento que llevará adelante el juicio político contra el vocal del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, Dr. Osvaldo Pérez Robertti, se conformó ayer al prestar juramento cinco miembros del cuerpo que analizará si el magistrado incurrió en las causales previstas en la Constitución de la provincia para removerlo de su cargo. De esta manera, se mantienen activos los mecanismos consagrados en la Carta Magna santiagueña para depurar el Poder Judicial cuando se producen situaciones aparentemente irregulares, y en las cuales podría estar involucrado alguno de sus integrantes. El acto fue encabezado por el titular del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Sebastián Diego Argibay, quien le tomó juramento a su par en el alto cuerpo, Dr. Carlos Pedro Lugones Aignasse, quien se convirtió así en el presidente del jurado de enjuiciamiento. A continuación, hizo lo propio el Dr. Lugones Aignasse con el Dr. Ricardo Francisco Lissi, quien representa al Ministerio Público en la conformación del jury. También prestaron juramento de rigor los diputados provinciales, Dra. María Luján Sabalza y José Fernando Giménez, así como también el representante de los abogados, Dr. Félix Demasi. Asimismo, en el acto estuvo presente el vicepresidente segundo del STJ, Dr. Eduardo Federico López Alzogaray. Si bien el jury tiene previsto una integración de nueve miembros, con los cinco que prestaron juramento se cuenta con el quórum necesario para sesionar y avanzar en el proceso por presunto mal desempeño de sus funciones y desconocimiento inexcusable del Derecho. En el Art. 197 de la Constitución Provincial se define la integración del jurado de enjuiciamiento, mientras que el 201 establece un plazo de 120 días, contados a partir de la conformación del tribunal, para que éste se expida sobre la remoción o no del magistrado sometido a juicio político. Cabe recordar que desde el Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero se había decidido el mes pasado, abrir el juicio político contra Pérez Robertti por haber concedido permisos especiales de salida de la cárcel a Federico Guardo, quien había sido condenado por haber iniciado el incendio que le costó la vida a su ex novia, Silvia Chávez y a su madre, Estela Chávez, en el año 2004. Actualmente, el presidiario fue procesado por su presunta responsabilidad en la muerte de Paola Anríquez y permanece alojado en el Penal de Varones.