El Gobierno pide mantener el embargo a dólares de "Flor" K
A través de su abogado Carlos Beraldi, la joven le había solicitado a los jueces que levantaran el embargo.
El Gobierno nacional, a través de la Oficina Anticorrupción, pidió a la Cámara Federal porteña que mantenga embargados los casi seis millones de dólares encontrados en una caja de seguridad y dos cuentas bancarias de Florencia Kirchner, hija de la ex presidenta Cristina Fernández, ante la sospecha de que podrían provenir de la corrupción. "Las medidas de índole patrimonial decretadas sobre Florencia Kirchner se encuentran plenamente justificadas y necesarias para la identificación, localización, o la incautación del dinero que resulte ser el producto de los delitos que en las presentes actuaciones se investigan", sostuvo la OA.
La Sala I de la Cámara Federal, a cargo de los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, debe resolver si confirma la resolución que dictó a mediados de julio el juez federal Julián Ercolini, cuando embargó ese dinero, luego de que la diputada del GEN Margarita Stolbizer planteara que hubo movimientos extraños en cuentas de la ex presidenta y su familia luego de que llamaran a indagatoria a la ex jefa de Estado en la causa por el dólar futuro.
Florencia Kirchner, a través de su abogado Carlos Beraldi, le pidió a los jueces que levanten el embargo; y la OA, en su rol de querellante, reclamó que ese dinero se mantenga a disposición del juzgado por entender que "no es más que una medida razonable, oportuna y conducente para asegurar la afectación patrimonial del dinero en poder de la nombrada".
José Miguel Ipohorski Lenkiewicz, subdirector de Investigaciones de la OA, y Natalia Pereyra, abogada de la Dirección de Investigaciones, firmaron la presentación en donde se sostiene que "no solo nuestro derecho interno justifica la adopción de la medida ordenada por el magistrado instructor, sino que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción también lo hace" con el fin de "promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción". Los abogados de la OA, a cargo de Laura Alonso, respaldaron el criterio del fiscal Gerardo Pollicita, cuando pidió el embargo, al sostener que "las maniobras, en principio, se compatibilizaron con aquellas encaminadas a consolidar el producido del ilícito investigado en la causa".