Nuevas evidencias de contratos irregulares para favorecer a Báez

El grupo empresario de Lázaro Báez no estaba en condiciones patrimoniales de hacer frente a las obras que le fueron adjudicadas durante el kirchnerismo y por eso en buena parte las dejó inconclusas. El ministerio de Planificación de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Julio De Vido, "no pudo haber sido ajeno" a esta "arbitrariedad e ilegalidad" de los procedimientos. Por esas obras, el grupo Austral Construcciones cobró entre 2007 y 2015, 2196 millones de dólares.

Así lo aseguró el Gobierno ante la Justicia en la causa en que el fiscal Gerardo Pollicita y su colega Ignacio Mahiques pidieron la declaración indagatoria de la ex presidenta por direccionar la obra pública al empresario santacruceño, preso por presunto lavado de dinero.

En un escrito presentado por Ricardo Stoddart, jefe del servicio de asuntos jurídicos de la Dirección de Vialidad, a los fiscales, el viernes pasado, se describen "graves irregularidades" e "inadmisibles falencias" de los procesos licitatorios por los que el actual gobierno nacional responsabilizó a la gestión de Vialidad Nacional y de Vialidad de la provincia de Santa Cruz durante el kirchnerismo.

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La Dirección Nacional de Vialidad aseguró que Austral Construcciones, propiedad de Báez, no cumplió con la presentación adecuada de certificados en por los menos siete de las 16 obras licitadas en Santa Cruz entre octubre de 2006 y abril de 2007.

Esto fue posible porque, según la presentación oficial, Vialidad provincial "nunca requirió" los certificados de capacidad para la adjudicación y no los verificó Vialidad Nacional como órgano que financiaba las obras luego de adjudicadas a la empresa beneficiada.

Austral Construcciones presentó ante cada licitación idénticos certificados de capacidad de contratación anual en cada oferta realizada entre octubre de 2006 y abril de 2007. Todo esto sin advertir que la capacidad de contratación anual certificada a Austral Construcciones se consumió cuando se le adjudicó la primera obra.

Es decir que en esos seis meses contemplados en el informe presentado ante la Justicia se acordaron obras por 2143 millones de pesos, que actualizados equivalen a unos 15.000 millones de pesos.