Báez acusó a Casanello de "aprietes pseudo mafiosos" para silenciarlo
El detenido empresario K habló directamente de "encubrimiento" del juez hacia Cristina.
"Disciplinamiento", "aprietes pseudo mafiosos", "encubrimiento", "juez parcial": algunas de las claves del nuevo y durísimo escrito que Lázaro Báez presentó ante la Cámara Federal porteña contra el juez Sebastián Casanello. El detenido empresario K trata de inclinar la balanza para que el tribunal aparte al recusado magistrado de la causa de "La ruta del dinero K", por la que Báez está preso y procesado desde el 5 de abril.
No es la primera vez que el detenido empresario K cuestiona al juez -ya lo había hecho ante le Cámara y en una entrevista- pero esta vez lo acusó directamente de "aprietes pseudo mafiosos" en su contra para tratar de que no hable y de "encubrir" a la exPresidenta Cristina Kirchner, por primera vez en un escrito.
Los Báez insisten en que el magistrado no es parcial y que no investiga a exfuncionarios en la causa, en especial a Cristina. Lázaro espera que el documento, de cuatro páginas, sea incluido en el expediente. Para reforzar sus acusaciones dijo que había visto al juez en la Quinta de Olivos, pero dos exsecretarios de Cristina, Daniel Álvarez y Mariano Cabral, declararon ante la Cámara y negaron esta posibilidad.
"Casanello configura otra clara amenaza e intento de disciplinamiento para silenciarme y evitar la averiguación de la verdad. En un evidente maniobra de encubrimiento a la exPresidenta de la Nación", plantea Báez en el primer párrafo del escrito, de acuerdo a Clarín.
"No se puede tolerar que un juez parcial sospechado de encubrir a la exPresidenta de la nación y con una imputación casi desde los albores de la investigación, siga siendo el director de la pesquisa", insistió el detenido empresario K. "El juez dilata el avance de la investigación contra los funcionarios nacionales del gobierno saliente", acusó.
EL PARALELISMO CON SUEÑOS COMPARTIDOS
El exsocio comercial de los Kirchner, que hace cuatro meses que está detenido en el penal federal de Ezeiza, hizo un paralelismo con Norberto Oyarbide, cuando el entonces juez federal estuvo al frente de la causa "Sueños Compartidos".
Báez se refirió al apartamiento de Oyarbide de esta causa, en la que se investiga el presunto desvío de fondos millonarios para la construcción de viviendas sociales. En la causa están imputados entre otros la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, el exministro de Planificación K Julio de Vido y su segundo, el detenido José López.
"Oyarbide había escindido los hechos, recortándolos a una administración fraudulenta que se limitaba a privados dejando de lado a los funcionarios públicos y deteniendo a varios imputados para silenciarlos y evitar que se conozca el entramado espurio del ministerio de Planificación Federal y de la presidencia de la Nación", relacionó el exhombre fuerte de la obra pública en Santa Cruz.
A fines de junio la sala II de la Cámara Federal le había ordenado a Casanello que avanzara sin demoras en la investigación de los presuntos vínculos existentes entre el empresario detenido y los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner.
Báez además acusó al juez de silenciarlo por las investigaciones sobre sus hijos. "El juez usa esto como presión para mantenerme callado violando el más básico derecho de defensa y lealtad procesal", consideró.
Los cuatro hijos de Báez son investigados por presuntas cuentas en el exterior usadas para mover millones de dólares, a partir de un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Martín, el mayor de ellos, está procesado por lavado de dinero. Para Báez todo se trata de un "apriete pseudo mafioso" y descalificó al informe de la UIF, del que dijo que "carece de sustento probatorio".
En el documento se menciona la obra pública, el fuerte de la empresa Austral Construcciones, que acaparó casi la totalidad de los contratos que Vialidad Nacional destinó a Santa Cruz durante el kirchnerismo. La compañía solo terminó la mitad de las obras y cobró fuertes sobreprecios. Báez pide que no se omita "la posible responsabilidad de los funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones y que debían controlar la ejecución de las obras".