Emiten nuevo pedido de detención y le prohiben salir del país a Bonafini
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi la declaró "en rebeldía" y dispuso un allanamiento a la sede de Madres.
La Justicia ordenó ayer la detención de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en la causa que investiga irregularidades en el plan de viviendas Sueños Compartidos, situación que derivó en una multitudinaria movilización en respaldo de la dirigente, que realizó la tradicional ronda de los jueves alrededor de la Pirámide de Mayo.
La orden fue librada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi junto a la prohibición de salida del país, luego de que la líder de Madres no se presentara por segunda vez consecutiva a prestar declaración indagatoria en el marco de esa investigación por supuesto desvío de fondos públicos.
"Si nos quieren llevar presas, que nos lleven, acá estamos, no le tenemos miedo a estos hijos de puta", arremetió la referente de Derechos Humanos tras la ronda en la plaza, en la que estuvo acompañada por dirigentes del kirchnerismo y una nutrida presencia de militantes.
En las primeras horas de la tarde, el magistrado declaró "en rebeldía" a Bonafini y dispuso un allanamiento en la sede de Madres de Plaza de Mayo, hasta donde se dirigieron efectivos de la Policía Federal.
Allí se encontraba la presidenta de la asociación, que a bordo de una combi, que esquivó el operativo circulando por la vereda, eludió a los policías y llegó a la Plaza de Mayo para desarrollar la tradicional ronda de los jueves a las 15.
Bonafini iba acompañada en el vehículo por Andrés "Cuervo" Larroque, Martín Sabbatella, Hugo Yasky y Roberto Baradel, dirigentes a los que luego se sumaron en la plaza Oscar Parrilli, Axel Kicillof, Carlos Zannini, Ariel Basteiro, Luis D’Elía, Gabriel Mariotto y Mayra Mendoza, entre otros.
La noticia de que Martínez de Giorgi había ordenado la detención de la presidenta de Madres se confirmó a su llegada a la Pirámide de Mayo, por lo que se registraron momentos de nerviosismo y desconcierto, ya que los allegados a la referente de derechos humanos no sabían cómo podían desarrollarse los acontecimientos.
El programa Sueños Compartidos fue asignado a Madres de Plaza de Mayo y estaba dirigido por los hermanos Schoklender, acusados de ser parte de una asociación ilícita que habría desviado fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.
Se comprobó que hubo un desvío de más de 200 millones de pesos con los fondos oficiales destinados a este plan.