Cristina Kirchner será indagada por corrupción luego de la feria judicial

horizonte sombrío recibirá al kirchnerismo en los tribunales desde mañana, cuando termine la feria judicial de invierno: un equipo de fiscales prepara el pedido para indagar a la ex presidenta Cristina Kirchner por corrupción, mientras se reactivan causas contra ex ministros de su gobierno.

Si la velocidad y la cantidad de ex funcionarios que procesaron y ordenaron arrestar caracterizaron, en el último trimestre, a los jueces federales de Comodoro Py, durante los próximos seis meses los expedientes apuntan a quien estuvo en lo más alto del poder. Un equipo de fiscales integrado por Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques trabaja en la redacción de un pedido para que la ex presidenta declare ante el juez federal Julián Ercolini como sospechosa de favorecer con la obra pública al empresario Lázaro Báez.

La acusación, que abarcará también a Báez, se centra en una denuncia de Vialidad Nacional. Allí la ex presidenta está siendo investigada por direccionar licitaciones hacia el empresario, favorecerlo en los contratos e instrumentar una falta de control de lo ejecutado, entre otros beneficios.

Las obras que están bajo la lupa son tramos de la ruta nacional 3, de la nacional 288 y de la provincial 9, todas en Santa Cruz. Las tres fueron adjudicadas a Kank y Costilla, una de las constructoras de Báez.

En el caso de la ruta 3 se analiza el pago de sobreprecios y en los otros se trabaja sobre la hipótesis de que se abonaban obras que no se hacían.

La idea de los fiscales es sumar las 51 obras asignadas a Báez que representan el 80% de la obra vial provincial.

Si bien el objetivo es hacer la presentación del pedido de indagatoria lo antes posible, es posible que se demore algunas semanas, pues los fiscales están evaluando las pruebas aportadas en las últimas semanas y recibiendo nuevas pruebas. Parte del equipo se quedó trabajando en las vacaciones de invierno para adelantar la tarea.

Entre los documentos recibidos, se cuenta un estudio de Vialidad Nacional que analiza que en el caso de la ruta 3 hubo una diferencia de un 300 % entre el proyecto inicial y lo finalmente pagado. De la ruta 288 ese documento señala que se avanzó en un 45% y se cobró en casi un 60%.

A estas pruebas se sumaron en las últimas horas nuevas evidencias clave sobre cómo era la operatoria entre la dirección de Vialidad Provincial y la empresa de Báez. "Se incorporó evidencia que permite corroborar lo que se sospechaba", dijo una fuente con acceso al expediente.

Cuando tenga listo su escrito, en el que además de la indagatoria de la ex presidenta pedirá una larga lista de medias de prueba, Pollicita lo presentará ante Ercolini.

Este juez tiene en sus manos la denuncia de Vialidad Nacional por sobreprecios, el caso Hotesur donde se investiga a la ex presidenta por lavado de dinero y la causa iniciada en 2008 por la denuncia de asociación ilícita de Elisa Carrió.

En estos expedientes Pollicita ya consiguió que Ercolini embargara los casi 5,5 millones de dólares que tiene Florencia Kirchner en la casa matriz del Banco de Galicia. Son US$ 4,6 millones en dos cajas de seguridad, un millón más en su caja de ahorro y un saldo de su cuenta de $ 52.000.

Al pedir congelar estos fondos Pollicita describió su hipótesis: "Esta investigación se encuentra orientada a determinar la existencia de una asociación ilícita dirigida desde la más altas autoridades del Poder Ejecutivo nacional, en primer término por el ex presidente Néstor Kirchner y luego por su esposa, la ex primer mandataria Cristina Fernández de Kirchner, quienes conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos, entre los que se puede mencionar a Lázaro Báez, Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice, se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia de lo que la comunidad internacional ha definido como corrupción".

Esta causa por las obras de Báez es una de las conexas que menciona el fiscal. Pollicita señaló que el empresario recibió 16.000 millones de pesos en obras. En el caso de las rutas 3, 7 y 9, el fiscal entendió que fueron otorgadas a favor de las empresas de Lázaro Báez por más de $ 1000 millones y Vialidad Nacional "advirtió marcadas irregularidades, tales como, adjudicaciones en tiempo récord -8 días cuando en términos generales demora 6 meses-, pliegos hechos a medida -coincidencia hasta en centavos entre lo ofertado por Báez y lo publicado-, aprobación de anticipos en solo 48 horas, un canal preferente de pago, trabajos tercerizados a menor precio y, principalmente, sobreprecios que rondan el 60%, lo que le habría permitido a Báez hacerse ilícitamente de sumas millonarias correspondiente al erario público nacional".

En ese contexto, el fiscal cree que de parte de la ex presidenta se favorecieron estos contratos.

En causas paralelas se investigan otros favorecimientos a otros empresarios ya citados a indagatoria, como Cristóbal López, y un mecanismo de retorno de dinero hacia empresas de la familia presidencial, mediante el pago de alquileres, ya sea de habitaciones de hotel o propiedades, por parte de estos empresarios a firmas controladas por la ex mandataria.

Ésta es la mirada que reclamó al Cámara Federal (Sala II) cuando dijo en la causa Báez por lavado de dinero que se debía mirar la maniobra como un todo, siguiendo las investigaciones de manera separada, pero intercambiando información entre los diversos jueces ante la sospecha de que todas las causas son segmentos de un mismo hecho delictivo por el que están investigados la ex presidenta y empresarios amigos.

Hasta ahora Cristina Kirchner está procesada por el juez federal Claudio Bonadio, acusada de indicar en los últimos meses de su gobierno que se hicieran operaciones de venta de dólar a futuro a mayor precio que el de mercado, para perjudicar al gobierno de Mauricio Macri en caso de que ganara y devaluara, como ocurrió.

Este es un caso donde se pone en tela de juicio una decisión política que Bonadio entendió delictiva. Ese procesamiento está apelado ante la Cámara Federal que debe decidir si lo confirma o no. En esa causa Bonadio congeló todas las cuentas de la ex presidenta e inhibió sus bienes, una medida también apelada al igual que el congelamiento de los fondos de Florencia Kirchner.

A partir de mañana, cuando se reanude la actividad judicial, se decidirá también sobre el futuro de estos bienes.