Como Santiago, más provincias pagaron millones en remedios por afiliados del Pami muertos
Los modelos serían Santiago y Tucumán. Funcionarios intuyen que las prácticas eran iguales en otras provincias del NOA.
El escándalo por el millonario desfalco con troqueles falsificados a nombres de afiliados al Pami ya fallecidos, amenaza con extenderse fuera la de órbita santiagueña y recalar en otras provincias, adelantó ayer el titular nacional de la obra social, Carlos Regazzoni.
En esa sintonía, el jefe de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI), Javier Arzubi Calvo, informó que ‘el entramado de la maniobra no se limita exclusivamente a Santiago del Estero, tal como quedó demostrado en los procedimientos realizados en Córdoba, en que cayó Cristian Fernando Leyría, el supuesto cerebro de la banda.
Por ahora, Santiago y Tucumán guardan cierta semejanza en las operatorias.
En nuestra provincia, la alarma estalló en marzo. Una farmacéutica sospechó de la frecuencia con que dos abuelos, clientes más habituales, iban a su comercio a retirar insulina y tiras reactivas para medir el nivel de glucosa con recetas del Pami que les cubrían el 100% del tratamiento.
Tiempo después, la UFI Pami inició su investigación. Le generó especial interés las cifras insólitas que se pagaban en Santiago: entre julio de 2015 y febrero del 2016, las farmacias facturaron al Pami $154 millones sólo en insulina y tiras reactivas. Lo incongruente es que aquí hay sólo 2.000 diabéticos.
Si ello fuese genuino, implicaría que el Estado pagó $9.625 por mes en medicamentos de cada uno de ellos. Hoy, las tiras reactivas tienen un valor de $680 en el mercado.
Las facturaciones
En declaraciones, Arzubi Calvo reveló que ‘una farmacia en 2013 facturó por reactivos e insulina $ 800.000 y luego en 2014 facturó $ 10 millones y en 2015 $ 11 millones. En febrero de 2016 facturó $ 1 millón mensual y tras la denuncia, la facturación cayó a $ 40.000 mensuales’. Hoy son investigadas 16 personas y hay dos detenidos: Leyría y una empleada de Pami de la ciudad de Loreto, acusada de retirar 6.000 formularios de la entidad.
‘Tenemos indicios de que esta lógica se da en otros puntos del país’ -confirmó el titular del Pami, Carlos Regazzoni. ‘Estas redes de corrupción son las que están llevando al Pami al colapso’, enfatizó.