Fantoni y Oberlander continuaban presos por la supuesta defraudación
La Justicia resolvió varios de los planteos realizados por los abogados defensores, con suerte dispar para los investigados. La próxima semana habrá careos y nuevas indagatorias.
Dos empleados de la Dirección de Agricultura y Ganadería recuperaron su libertad ayer, en el marco de la investigación por la millonaria defraudación al Estado en el Ministerio de Producción.
Otros dos directivos de la misma cartera sufrieron un revés judicial y hasta el cierre de esta edición continuaban tras las rejas, mientras que una de las ex empleadas del organismo y apresada al principio de la investigación fue beneficiada con la excarcelación.
El juez federal Guillermo Molinari resolvió ayer las medidas de acuerdo a los dictámenes del fiscal federal Pedro Simón, con suerte dispar para los imputados en el proceso.
Cuando se cumplía una semana de los allanamientos y detenciones en la Dirección de Agricultura, la Justicia Federal concedió la excarcelación anticipada para el Ing. Guillermo Carreras, funcionario de Agricultura; Mariana Franco, administrativa de la cartera y para Daniela Molinillo, cuyo contrato ya fue rescindido.
En tanto, los directivos apresados el pasado 5 de mayo, Ing. Enrique Oberlander y Francisco Fantoni, quienes se desempeñaban como director y subdirector de Agricultura respectivamente, continuaban detenidos hasta anoche según confirmaron fuentes judiciales.
Igual suerte habría corrido el único proveedor del Estado privado de su libertad hasta el momento, Pablo Federico Juri.
Cabe recordar que la causa se inició a finales de marzo cuando María Castillo -también ex empleada de Agricultura y Ganadería- habría intentado cobrar cheques por $40 mil en el Banco Nación, y un cajero al advertir irregularidades dio aviso a sus superiores y éstos a la Policía Federal.
A los pocos días cayó detenida Molinillo. Ambas aseguraban su inocencia y enfrentaron sus versiones en un careo que habría precipitado los allanamientos y las detenciones de hace ocho días.
Los imputados están acusados de haber montado una organización para el cobro de cheques (aparentemente adulterados) del "Fondo Algodonero", compuesto por fondos nacionales y provinciales.