El Grupo Macri fue a la Justicia por el escándalo del Correo El Grupo Macri fue a la Justicia por el escándalo del Correo
Tras el escándalo que se generó por el convenio firmado por el Estado nacional y Correo Argentino S.A., la empresa perteneciente al Grupo Macri pidió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que rechace el dictamen de la fiscal general Gabriela Boquín, a quien acusó de querer ‘confundir a la opinión pública politizando’ el tema; y también apuntó contra el ex presidente Néstor Kirchner al señalar que dispuso ‘la peor estatización realizada por el Estado nacional’.
En el escrito, de diez páginas, el presidente de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, defiende la propuesta realizada por la empresa y señala un ‘llamativo y espurio manejo de las cifras’ hecho por la fiscal.
Asegura que la compañía ‘sobrecumplió sus obligaciones de inversión’, refiere un desembolso de 400 millones de dólares en ese concepto, y lo contrasta con el accionar del Estado nacional, que ‘jamás cumplió con las prerrogativas otorgadas’ y ‘quebró las bases económicas en las que se asentaba el negocio’.
En esa línea, advierte que las causas que ocasionaron la cesación de pagos ‘no obedecían a razones imputables a la empresa’, sino que ‘el único causante de su impotencia patrimonial fue el propio Estado nacional y sus sucesivos incumplimientos a las obligaciones y compromisos a su cargo’.
En la presentación, además, asegura que sufrió ‘embates jurídicos y sobre todo políticos de la anterior administración’ y recuerda que, ‘cuando asumió la Presidencia Néstor Kirchner, sin que su administración haya resuelto los planteos interpuestos por Correo Argentino S.A.’ en función del presunto incumplimiento del Estado, ‘decidió por decreto rescindir el contrato de concesión y apropiarse de todos los bienes y activos’ de la empresa, ‘sin pagar un solo centavo’.
‘Fue una verdadera confiscación que se encuentra totalmente proscripta en el derecho argentino’, remarca el escrito. Y señala que ‘fue la peor estatización realizada por el Estado nacional (ya que) despoja a la concesionaria de todos sus activos y le deja todos los pasivos, sin reconocer importe alguno en concepto de pago por los bienes apropiados y las inversiones realizadas’.