Cómo comenzó el proceso contra los tres jueces

El proceso que llegó a la decisión de iniciar el juicio político a los doctores Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini y Miguel Moreno, comenzó con un expediente caratulado “Denuncia formulada por Pericás, Luis Manuel, apoderado de LV7 Radio Tucumán SA en contra de Marcelo Dittinis, secretario de Estado de Prensa y Difusión de la provincia de Tucumán por supuesto delito a establecer”.

El mencionado expediente se inició en el Juzgado del Crimen del Cuarta Nominación a cargo del Dr. Miguel Moreno. En el trámite de esta denuncia se dispuso trabar embargo sobre fondos de la coparticipación federal de la provincia de Tucumán. Luego, se sucedieron órdenes de pago de cifras millonarias a favor de Pericás desde los tres Juzgados involucrados en los hechos que se investigan.

El día 14 de marzo del 2016 se llevó cabo una extracción en efectivo por el importe de $ 3.151.800,66 en la cuenta judicial a nombre de Denuncia interpuesta por presentación de Luis Pericás a la orden del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de Cuarta Nominación.

Luego, por excusación de Moreno, el expediente pasó al Juzgado de Quinta Nominación, donde la titular se declaró incompetente y entonces llegó al Juzgado del Crimen de Primera Nominación a cargo de la Dra. Martínez Llanos, de donde habrían salido dos nuevos embargos también por una cifra millonaria y dos nuevos oficios para que Pericás cobrara una segunda y tercera suma. Habrían sido el 20 de mayo ($ 1.616.851) y el 1 de junio de este año ($ 926.358,77).

Post embargo

Tras el embargo y la orden de pago en ese Juzgado, hubo entonces una nueva excusación, esta vez de Martínez Llanos y el expediente recaló en el Juzgado del Crimen de Segunda Nominación a cargo del Dr. Ramón Tarchini Saavedra, desde donde habría partido un cuarto embargo y oficio de pago a nombre de Pericás el 1 de julio de este año, con un monto de $ 1.616.851,29.

El 2 de agosto se iniciaron las actuaciones judiciales del Gobierno de Tucumán. Ese día se presentaron representantes de Fiscalía de Estado de esa provincia, ante el Juzgado del Crimen de Tercera Nominación a cargo del Dr. Darío Alarcón, quien de inmediato ordenó dejar sin efecto todas las medidas cautelares de los magistrados santiagueños y notificó de ello al Banco de la Nación, Casa Central y sus sucursales de Tucumán y Santiago del Estero, así como también al Banco Santiago, por entender que los jueces locales no tienen competencia en la vecina provincia.

Tras los embargos, se llegó a pagar un total de $7.311.861,72 pesos.